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El factor determinante en la reducción de la pobreza de los cuatro años más recientes fue la decisión de duplicar el valor real del salario mínimo, aseveró el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Enrique Provencio.
Tras las cifras que mostró el Inegi el miércoles pasado el investigador refirió que para mantener este avance y evitar retrocesos se deben cumplir las garantías sociales para resolver las carencias de la población.
Recalcó que debe efectuarse un cambio sustancial en los presupuestos federal, estatal y municipal a fin de que se privilegien los bienes públicos de acceso a la educación y la salud pero también a los servicios de cuidado, agua y vivienda, entre otros rubros que no han tenido prioridad en la asignación de los recursos.
Detalló que en los análisis de 2023 a 2025 se ha visto que el componente significativo que propició la disminución de esta condición socioeconómica es el incremento del ingreso en los hogares, “mayoritariamente de aquel derivado del trabajo, en particular de los salarios, así como de las pensiones y jubilaciones contributivas (IMSS e Issste) y del aumento a las remuneraciones”.
Expuso que el conjunto de reformas realizadas en 2016 para desligar el incremento del salario mínimo de otros precios, como del aumento de las multas y de las rentas, permitió que en 2017 comenzaran a mejorar los salarios, sobre todo a partir de 2019.
Sin embargo, el académico de la UNAM refirió que aún hay un alto nivel de incumplimiento de derechos sociales, lo que implica que existe un complejo camino por recorrer para satisfacerlos.
“Debe considerarse que en la actualidad algunas de las carencias sociales son más altas que aquellas que teníamos en 2016, en particular en el tema de rezago educativo y servicios de salud.
“De 2022 a 2024 hubo una mejora, es cierto, aunque también el nivel de las carencias en educación y salud el año pasado, por ejemplo, seguía siendo más alto que el de 2016 o 2018”, destacó.
Mencionó que ello significa que en 2024 24 millones de personas seguían en rezago educativo; 44 millones carecían de acceso a los servicios de salud, 63 millones a seguridad social y 18 millones a servicios básicos en sus viviendas, entre otros.
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