El presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos en Veracruz (ATAV), Pedro Fernández Fernández, aseveró que el gobierno estatal tiene una deuda con el sector. Y es que hasta la fecha no ha regulado a las empresas que ofrecen el servicio de grúas, lo cual no sólo los afecta a ellos, sino a la ciudadanía.
“La situación que vivimos por parte de los oficiales es que con todo respeto se prestan a que las unidades sean guardadas en los corralones y bueno, a lo mejor en los corralones que están aquí en Xalapa no haya mucho problema pero sí se da en los corralones que están en la periferia, hay abuso del cobro de las tarifas para liberar las unidades”, expresó.
Explicó que cuando una grúa se lleva un vehículo, el dueño debe destinar entre 6 mil y 15 mil pesos, lo que para algunos representa prácticamente un mes de trabajo. “Afecta tanto al taxi como a las unidades en particular porque generalmente pues no se utiliza la unidad para pasear sino para hacer alguna actividad comercial o económica, y yo creo que eso perjudica definitivamente a los taxistas pero también al público”.
Aseguró estar en contra del “abuso que los taxistas” hacen con sus cuotas, las cuales deben de normarse, llegar a un término legal que sea acorde con las necesidades de los transportistas, respetando también la economía del usuario.
Precisó la urgencia de actualizar las tarifas del transporte público, las cuales a pesar de la inflación no han sido incrementadas y exponen al usuario a que el taxista cobre lo que quiera sin ninguna regulación. “Nosotros estamos diciendo coloquialmente que el gobierno del estado está y sigue en deuda con la sociedad en general respecto a la normatividad de grúas como en cobros, corralones y también para nosotros en cuestión de tarifas, es un tema bastante importante que merece atención”.
Consideró que la adecuación de las tarifas debe ser según el reglamento, esto es en base a la inflación que se tiene en el país, lo que actualmente se cobra está por debajo de ese porcentaje.
En cuanto a las trasnacionales que prestan el servicio de transporte público por aplicación, este tema no fue erradicado y siguen operando, prestando el servicio público en unidades particulares, como es el caso de InDriver, Didi y Uber, entre otras.
El dirigente taxista recordó que la Ley 589, en su reglamento es claro y prohíbe efectuar este servicio público sin contar con concesión y lo sanciona por la cantidad de mil unidades de medida y actualización (unas). Además, el Código Penal también restringe, prohíbe y sanciona el servicio de transporte de personas en unidades particulares, por no contar con la concesión correspondiente.
“Hemos solicitado a esta administración gubernamental que nos apoye con la creación o infraestructura para poner a trabajar una aplicación o plataforma, de prestación de servicio público única y exclusiva para los concesionarios taxistas, y que sea respaldada por el gobierno estatal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, añadió.
Por otro, pidió a las instancias gubernamentales celeridad a la armonización de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial. “Ya recibieron dos exhortos por parte del Congreso de la Unión y no se ha dado la atención requerida”.
Confió en que antes de que concluya el sexenio, se pueda sacar alguno de los pendientes con el sector
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